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«La Función Pública no puede asumir las responsabilidades del INAI: Blanca Lilia Ibarra»


La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, afirmó en una entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group que es inviable que la Secretaría de la Función Pública realice las actividades que tiene el Instituto, ya que éste se encarga de vigilar y sancionar los actos irregulares de los servidores públicos, pero no tiene las facultades o capacidades para evaluar la calidad de la información, procedencia de negativas de acceso a los documentos en poder de los sujetos obligados, ni el uso indebido de datos personales.

Ibarra destacó que la Auditoría Superior de la Federación no podría sustituir al INAI porque audita el uso de recursos federales, y tampoco la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción, porque persigue delitos. Ambas funciones son sustantivamente distintas a las que realiza el INAI, que como organismo autónomo juega un papel de contrapeso en el sistema democrático, lo cual siempre es necesario para mantener un equilibrio de poderes.

En cuanto al tema de los comisionados que están vacantes en el INAI, Ibarra indicó que a 45 días de que el tema está pendiente, el INAI sigue trabajando. «Está tramitando más de 3 mil 947 medios de defensa, asuntos que se están tramitando, analizando y que estarán listos para cuando se cumpla con el quórum legal», señaló.

Recordó que el organismo autónomo promovió una controversia constitucional y el tema se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, después de que se ordenó la suspensión, el INAI promovió un recurso de reclamación contra la negativa, en la que se pidió a la Corte poder sesionar con solo cuatro integrantes.

Finalmente, Ibarra subrayó que en el INAI no solamente se resuelven temas relacionados con actos de corrupción, ya que ha habido asuntos importantes sobre el sistema educativo. Es fundamental que el INAI siga siendo un organismo autónomo, técnico e independiente que defiende y protege los derechos de la ciudadanía.


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