«La polémica reforma minera en México: ¿privilegios para las empresas paraestatales?»
La iniciativa de reforma a la Ley Minera presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un amplio debate en la industria minera y en los diferentes sectores económicos que dependen de ella. La propuesta contempla nuevas obligaciones para las compañías mineras, como la realización de un estudio de impacto social de sus actividades y la cancelación de concesiones a empresas que no cuenten con permisos vigentes de uso de agua. Además, se tipifica como delito la extracción ilegal de minerales y la falta de garantías de seguridad para los trabajadores.
En este sentido, Armando Ortega, presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio del Canadá en México, ha expresado su preocupación por los efectos que esta reforma podría tener sobre los inversionistas canadienses y extranjeros. Según Ortega, la Ley Minera de 1992 eliminó el tope del 49% para la participación de inversionistas extranjeros en el sector, lo que generó un esquema abierto en el que los terrenos se declaran libres por parte de la Secretaría de Economía y el primer solicitante tiene derecho a obtener una concesión en materia de aguas nacionales. Esta iniciativa del Gobierno federal plantea asignaciones preferentes para las empresas paraestatales, lo que podría generar un trato discriminatorio y vulnerar el acceso libre y preferente de los inversionistas extranjeros.
Ortega ha advertido que esta reforma podría ser vista por los socios canadienses como un proceso de nacionalización, ya que implica diversas restricciones que obstaculizan la inversión y caen «en la hipótesis de una expropiación indirecta». Por este motivo, ha llamado a un amplio debate sobre la iniciativa y ha pedido que se respeten las concesiones vigentes.
Aunque se prevé que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados, quizás sea en la de Senadores donde haya un periodo de reflexión sobre ella. En cualquier caso, la reforma a la Ley Minera ha generado un intenso debate que pone en el centro de la discusión la necesidad de una regulación adecuada del sector minero en México, que garantice una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales y que proteja los derechos de los trabajadores y las comunidades afectadas.
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