El Consejo Constitucional francés validó las medidas clave de la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron el pasado viernes, lo que ha generado un gran rechazo en la población del país. La polémica modificación ha sido sumamente impopular, y ha desatado protestas en las calles de la capital tras meses de propuestas. El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años en lugar de 42 a partir de 2027 para cobrar una pensión completa, han sido algunos de los puntos más cuestionados por los sindicatos y una mayoría de franceses, según los sondeos.
A pesar del rechazo generalizado, el Consejo Constitucional validó los puntos clave de la ley, lo que ha reconfortado al gobierno francés. No obstante, la oposición de izquierda y ultraderecha pidió que el presidente Macron diera marcha atrás a la reforma, y advirtieron que su entrada en vigor marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y su líder.
Los sindicatos anunciaron una «movilización excepcional» para el 1 de mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, en la que esperan reavivar el movimiento que ha caracterizado las protestas desde enero. A pesar de que el presidente Macron propuso una reunión con los sindicatos para el próximo martes, estos han declinado la invitación y han advertido que no se reunirán con él ni con el gobierno antes de esa fecha.
La reforma de pensiones de Emmanuel Macron ha sido una de las más controvertidas de su mandato, y ha generado una gran polarización en la sociedad francesa. Aunque el Consejo Constitucional ha validado la mayoría de las medidas propuestas por el presidente, la oposición de izquierda y ultraderecha sigue exigiendo su revocación, y ha advertido sobre las posibles consecuencias sociales y políticas de su entrada en vigor.
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